España, campeona de Europa en el uso y abuso de químicos para la agricultura

En pleno debate global sobre si los agroquímicos son adversos para la salud humana y el medio ambiente, no hay país en Europa donde más toneladas se comercialicen

España, campeona de Europa en el uso y abuso de químicos para la agricultura

En pleno debate global sobre si los agroquímicos son adversos para la salud humana y el medio ambiente, no hay país en Europa donde más toneladas se comercialicen

Foto: Montaje: Carmen Castellón
 
 

La industria de los productos químicos usados en la agricultura facturó en España 1.100 millones de euros en 2016, según la patronal de los fabricantes AEPLA. No hay país en Europa que los haya consumido más en los últimos años: un promedio de 73.000 toneladas anuales para el quinquenio 2011 a 2015.

Se les denomina agroquímicos, fitosanitarios o pesticidas, según se quiera blanquear más o menos su nombre, pero vienen a ser lo mismo: sustancias químicas que se fabrican para matar insectos y malas hierbas y evitar así que las cosechas se malogren. Son utilizados en todo el ciclo agrícola: antes y después de la siembra, durante el crecimiento, para la maduración de los frutos, también muy poco antes de la cosecha y finalmente para mantener los productos después de ser recolectados.

La industria defiende que tienen un efecto casi inocuo para el hombre y la naturaleza y que garantizan una agricultura productiva y sostenible para alimentar al mundo. Los activistas y ecologistas argumentan que su uso pasa una factura alta para la salud y el medio ambiente.¿Y qué dicen los científicos, las autoridades competentes y los agricultores? Depende. Algunos científicos avalan la seguridad de los agroquímicos autorizados, otros muchos nacionales e internacionales han probado ya sus efectos nocivos para las personas y el medio ambiente. Las autoridades reguladoras españolas y europeas van legislando, no sin sufrir grandes presiones por parte de la industria y los ecologistas. En cuanto a los profesionales del campo, pues también depende. En todo caso, como se documenta más abajo, la mayoría de los casi 900 milagricultores registrados los usan intensivamente, mientras que otros muchos ya han sufrido en sus carnes las consecuencias adversas de los pesticidas.

Antonio Ruiz, de 65 años, es un agricultor afincado en Bárdenas (Zaragoza) que cultiva 45 hectáreas de alfalfa, cebada y hortalizas. Ahora toda su producción es ecológica. Su modo de trabajo no nació de una convicción idealista, sino de una enfermedad que se le diagnosticó en 1987. Fue al médico porque le costaba respirar. Era víctima de la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pulmones le funcionaban por debajo del 50%. El médico le dijo que tenía que dejar de fumar de inmediato. Ruiz jamás había fumado, pero sí había vertido sobre sus tierras todo tipo de agroquímicos para producir unos melocotones “que eran la envidia de la zona y que nos los quitaban de las manos en el mercado”, dice el agricultor aragonés. Entre otros plaguicidas, utilizaba malatión y lindano, hoy ya prohibidos en España. “Aquella visita al doctor me salvó la vida. Mi transición de la agricultura convencional a la ecológica hace que ahora esté vivo, tenga el 72% de capacidad pulmonar y esté produciendo igual cantidad o más que con pesticidas”, cuenta Ruiz.

 
 

 

Un jornalero recolecta melocotones. (EFE)
Un jornalero recolecta melocotones. (EFE)

 

El caso de este agricultor aragonés no es un hecho aislado, aunque no se encuentren con facilidad estadísticas oficiales. La razón es que los efectos de la utilización de agroquímicos a medio y largo plazo no están reconocidos como enfermedad profesional en el sector agrícola, según señalan desde la UGT. Pero hay otros datos más accesibles y que son elocuentes. España es el país europeo que más fitosanitarios consume en la agricultura en términos absolutos: 77.216 toneladas en 2015, último año disponible. Por delante de Francia, Italia y Alemania, con 67 mil, 63 mil y 48 mil toneladas, respectivamente.

El Real Decreto 1311 de 2012 que regula su utilización, transpuesto de un reglamento de la Unión Europea de 2009, pedía fomentar “planteamientos o técnicas alternativos con objeto de reducir la dependencia del uso de productos fitosanitarios”. Sin embargo, el consumo en España no solo no mengua sino que aumenta: en 2012, año de la norma, se vendieron 63.490 toneladas, un 20% menos que en 2015.

 

 

En términos relativos, España también encabeza la clasificación europea. En la relación kilogramos de agroquímicos vendidos en 2015 por habitante, Italia, Francia y Portugal están en el entorno de un kilo por persona. En nuestro país esa ratio se alza hasta 1,6 kilos por habitante para liderar también el ranking europeo.

 

 

En la correlación hectáreas cultivadas por kilogramos de agroquímicos vendidos de los países europeos que más superficie agrícola tienen, Italia se alza en lo alto del podio europeo con 8,2 kg/ha, mientras que España queda segunda con 5 kg/ha.

 

 

Debate entre la industria, activistas y científicos

El glifosato es un principio activo usado como herbicida que descubrió en 1969 la multinacional estadounidense Monsanto y cuya patente se liberó en 2000. Ahora es comercializado por la mayoría de las empresas agroquímicas, siendo el pesticida más comercializado de la historia, sobre todo porque muchas variedades de cultivos modificados genéticamente son resistentes al glifosato. La lucha contra su empleo se ha convertido en una bandera de los ecologistas para poner en tela de juicio la utilización masiva de los pesticidas. En España, ahora hay en el mercado 2.200 productos autorizados.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), parte de la Organización Mundial de la Salud, dictaminó que el glifosato es “posiblemente cancerígeno para las personas. Pero a finales de ese mismo año, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ofrece asesoramiento científico a las instituciones comunitarias, concluyó tras un estudio que “es improbable que provoque cáncer en los humanos”.

En la actualidad, en el seno de la UE se debate sobre una posible moratoria para el uso del glifosato de entre 10 y 15 años. La lucha está servida entre la industria, los activistas y los científicos de un bando y de otro para demostrar su inocuidad o sus efectos dañinos.

 

Un manifestante muestra granos y un fruto de cacao durante una protesta contra Monsanto. (Reuters)
Un manifestante muestra granos y un fruto de cacao durante una protesta contra Monsanto. (Reuters)

 

Stephanie Seneff, científica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), se ha dedicado durante años al estudio de las consecuencias para la salud del uso de agroquímicos, muy particularmente del glifosato. Sus publicaciones académicas relacionan su uso con el aumento en EEUU de enfermedades como el autismo, la diabetes, el asma, las alergias alimentarias, el alzheimer, diversos tipos de cáncer o la obesidad infantil, entre otras. “Estoy en total desacuerdo con las conclusiones de la EFSA porque mis investigaciones demuestran que el glifosato, un aminoácido, provoca que las células se multipliquen de forma antinatural causando así alteraciones en el proceso de síntesis de las proteínas y finalmente produciendo tumores”, cuenta Seneff a este diario. Recalca que el gobierno de EEUU lo oculta por las presiones de la industria.

Sin embargo, Vicent Yusà, subdirector de Seguridad Alimentaria de la Generalitat Valenciana y estudioso del tema, explica que en sus trabajos ha concluido que "no hay riesgos importantes para la salud de la población española a pesar de contar con una agricultura con uso intensivo de plaguicidas". Asegura que en un estudio suyo realizado en 2016 "solo el 1% de las muestras tomadas en la Comunidad Valenciana de 600 muestras de frutas y hortalizas superaban el límite máximo de residuos permitido por la ley".

La presión de Monsanto es tremenda para que se estudien unos 'papers' y otros no. Los nuestros no quieren que se evalúen y los retiran

En Europa, una miembro científica de la EFSA habla sin tapujos de ese asunto: “La presión de Monsanto es tremenda para que se estudien unos 'papers' y otros no. Los nuestros no quieren que se evalúen y los retiran, solo quieren que se admitan los que están de acuerdo con sus intereses”. Se trata de Marieta Fernández, investigadora de la Universidad de Granada que lleva más de 20 años demostrando mediante estudios epidemiológicos que la exposición de los seres humanos a los compuestos agroquímicos tienen efectos adversos para la salud. “Encontramos residuos de plaguicidas en la leche materna que se da a los bebés, en las placentas, en el semen, en la orina… Hay una gran concentración de químicos, un cóctel de sustancias que ingerimos a través de hortalizas y frutas que provoca que las células proliferen y formen tumores”, dice Fernández. Añade: “Causan obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer de mama… No se puede explicar el aumento de la obesidad infantil solo por la ingesta excesiva de alimentos”.

Wikileaks desveló un cable de 2009 en los que quedó de manifiesto que Josep Puxeu, entonces secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Ministerio que lideraba la socialista Elena Espinosa, había tenido contactos con Monsanto y la Embajada de EEUU en Madrid para transmitirles que España haría presión en Europa y en la EFSA para que no se prohibiera la variedad de maíz transgénico MON810 de Monsanto, ampliamente usada en Aragón y Cataluña y resistente al glifosato. Calificado en el cable como “un viejo defensor de la agricultura biotecnológica”, Puxeu es en la actualidad director general de la patronal de bebidas refrescantes, donde se agrupan conocidas multinacionales estadounidenses.

La EFSA solicitó un cuestionario por escrito a este diario. Una vez enviado, nunca lo contestó.

En Europa tenemos la legislación más rigurosa, no podemos ser gobernados por emociones y banderas, sino por la ciencia

Por su lado, los fabricantes de agroquímicos niegan esas presiones. Monsanto las califica “de simplemente falsas”. Un portavoz de la multinacional estadounidense, que en 2016 facturó 13.500 millones de dólares, señala que es importante destacar que “ninguna autoridad reguladora en el mundo considera el glifosato como cancerígeno, el IARC no es una autoridad reguladora”.

En ese mismo sentido se expresa Carlos Palomar, director de AEPLA: “La EFSA avala su uso seguro. El dictamen de la IARC estableció que el glifosato podría ser cancerígeno al mismo nivel que la carne roja, nada más”. Agrega: “En Europa tenemos la legislación más rigurosa del mundo en fitosanitarios, no podemos ser gobernados por emociones y banderas, sino por la ciencia”.

 

 

En un juzgado de San Francisco hay más de 50 causas judiciales abiertas contra Monsanto. Documentos de esas instrucciones están siendo publicados por los llamados Monsanto Papers. En uno de ellos, su ejecutivo Georges Levinskas decía en 1985 que había que contratar a un científico para que “persuadiera” a la agencia competente del gobierno de EEUU de no prohibir el uso del glifosato por sus "posibles efectos cancerígenos en las personas". Entretanto, el gobierno de California está estudiando si obligar a que Roundup, la marca del glifosato de Monsanto, lleve en su etiqueta el aviso de que puede causar cáncer.

El objetivo de varios ecologistas es conseguir un millón de firmas y así poder hacer presión para prohibir su uso en la Unión Europea

Por su parte, varias organizaciones ecologistas llevan a cabo en la actualidad la campaña #StopGlyphosate contra ese herbicida. El objetivo es conseguir un millón de firmas y así poder hacer presión para prohibir su uso en la Unión Europea. Su representante en España, el ingeniero agrónomo Juan Felipe Carrasco, cree que la “EFSA siempre toma decisiones en favor de las multinacionales, funciona en parejita con Monsanto y no toma en cuenta los estudios de la ciencia independiente”. Varios municipios, como Sevilla o Barcelona, ya lo han prohibido.

En relación al glifosato y otros agroquímicos, Luís Ferreirim de Greenpeace dice que la clave está en aplicar el principio de precaucióndel artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Es necesario invertir la carga de la prueba de modo que sea la industria la que antes de poner un producto en el mercado demuestre que no es pernicioso para la salud y el medio ambiente, y no al revés”.

Las consecuencias para los agricultores

En España no hay asociaciones de los profesionales de víctimas por el uso de pesticidas. En Francia ya hay un mínimo de ocho. Ecologistas, científicos y sindicatos del campo aseguran que este hecho se debe a que hay menos cultura de cooperativismo en España, pero que el problema igualmente existe.

Emilio Terrón, de UGT-FICA, señala que ha visto a “muchos compañeros con cáncer de piel, de pulmón, con diversas enfermedades graves después de trabajar durante años con agroquímicos”, pero no es una enfermedad profesional reconocida en el sector. En su opinión, el problema se agrava por el alto índice de temporalidad porque “las empresas no proveen los equipos de protección adecuados, solo hacen reconocimientos médicos a los trabajadores fijos y para cuando a los agricultores les afecta la enfermedad, ¿a ver dónde la han contraído tras años de circular por diversas fincas?”.

142 Vues